El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, notificó a consejeros y exconsejeros de este instituto el inicio de un procedimiento en su contra por haber votado en favor de aplazar en 2021 los trabajos de la revocación de mandato que promovió Morena y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 17 de diciembre del 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por votos de los consejeros Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, y los ahora exconsejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña, determinó posponer temporalmente la realización de la revocación de mandato del entonces Presidente de la República, debido al recorte de 3 mil 830 millones de pesos al instituto, por parte de la Cámara de Diputados para el ejercicio 2022.

El 24 de diciembre del 2021, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los seis consejeros por dicha decisión, aunque cinco días después desistió de la misma, debido a las críticas que recibió.

La consejera Dania Ravel informó este lunes que el 18 de septiembre pasado, el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral que encabeza Víctor Hugo Carvente, le notificó el inicio de un procedimiento de responsabilidades en su contra por aquella decisión colegiada del 2021. El procedimiento también es contra los otros consejeros que votaron por aplazar los trabajos.

“Perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones del INE son revisados por el TEPJF, y la falta de coincidencia en la valoración jurídica entre la autoridad jurisdiccional y administrativa jamás ha sido ni debe ser materia de persecución penal o administrativa en contra de quienes tuvieron una visión jurídica distinta, como se pretende hacer ahora”, señaló la consejera.

La consejera mostró su extrañeza porque desde el 22 de diciembre de 2021, fecha en la que se presentó la queja en el OIC, hasta el 25 de febrero de 2025, fecha en la que se requirieron los expedientes personales de otros denunciados, no se habían realizado diligencias de investigación más allá de algunas certificaciones.

Fue hasta el 12 de junio de 2025 cuando se formuló requerimiento a la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE en donde solicitó, entre otros, el expediente de la consejera Ravel.

“Así 4 años después, y ya con el proceso de consulta de revocación de mandato realizado de manera eficaz y eficiente según el análisis de la SCJN, me notifican el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en mi contra derivado de una decisión colegiada fundada y motivada”, dijo.

Cabe destacar que el 31 de enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al INE continuar el proceso de revocación de mandato con los recursos que hasta ese momento tenía programados y pese al recorte presupuestal orquestado por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

-Con información de LATINUS