La diputada Juliana Hernández Quintanar, integrante de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado, afirmó que en caso de que se comprobara el uso indebido de recursos públicos en la marcha realizada la semana pasada, contra de la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega, correspondería a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) o a la Contraloría Interna determinar las acciones a seguir.

Hernández Quintanar subrayó que la Comisión Instructora, de la cual es presidenta, maneja este tipo de temas con total reserva, tal como lo establece la ley.

“Si alguien considera que se está incumpliendo alguna norma constitucional, debe iniciarse el proceso correspondiente”, explicó. No obstante, afirmó que el problema en Cadereyta se ha politizado y que la falta de diálogo ha complicado la situación.

La diputada, originaria de la región, lamentó que los intereses de los habitantes no se estén poniendo como prioridad.

“Observo una intención de golpeo, de división y de politización de un tema que no debería serlo”, expresó. Recordó que administraciones anteriores lograron resolver problemas similares mediante la conciliación, lo que contrasta con la actual gestión.

Además, hizo un llamado a la alcaldesa para que enfoque su atención en la solución de problemas esenciales, como la recolección de basura y otros servicios básicos.

“Le llamaría a la presidenta municipal a que se pusiera a gobernar, a recorrer las comunidades y a escuchar lo que realmente necesitan”, añadió.

Sobre la posibilidad de que los ciudadanos promuevan un juicio político contra la alcaldesa, Hernández Quintanar reiteró que los requisitos están establecidos en la ley y evitó hacer comentarios que pudieran interpretarse como un ataque.

“Nos interesa el bien de la gente, independientemente de los partidos”, aseguró.

Por su parte, el diputado Enrique Correa Sada, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, hizo un llamado a la alcaldesa a asumir su responsabilidad.

“Desde el Congreso, hago un llamado a las autoridades municipales de Cadereyta para que atiendan a sus trabajadores y manifestantes, y resuelvan sus problemas sin culpar a los demás”, declaró.

Correa Sada enfatizó que, en caso de comprobarse el uso indebido de recursos públicos, las instancias correspondientes deberán tomar medidas. “Si se utilizó dinero público de manera indebida, corresponde a las autoridades competentes sancionar”, concluyó.

-Con información de Diario de Querétaro