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El gobierno amplía la cobertura en salud, pero reduce el gasto per cápita en 33%

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El Ejecutivo busca elevar la cifra de personas que puedan acceder a servicios gratuitos, pero un estudio advierte que el gasto en la materia pasará de 3,607 pesos por persona en 2020 a 2,602 en 2021.

Un sistema de salud como el Dinamarca. Eso prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, previo a la llegada al país de la pandemia de COVID-19, y con la esperanza de que en un año el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular, diera sus primeros resultados.

El plan del gobierno federal es brindar atención y medicamentos gratuitos a toda la población sin seguridad social. No obstante, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) alerta sobre que, si bien se propone ampliar de 55 a 72 millones la población potencialmente beneficiaria de servicios de atención general —sin considerar padecimientos que requieren especialización—, el aumento al presupuesto no es el correspondiente, pues para 2021 se prevé una reducción del gasto per cápita anual de 33%, al pasar de 3,607 pesos en 2020 a 2,602.

Judith Méndez Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas del CIEP,  comenta que desde el Ejecutivo no se estudiaron fuentes de financiamiento para lo que se estaba ofreciendo sobre ampliar la cobertura en afiliación y frente a enfermedades. “Lo que estamos viendo con el Insabi: ofreces ampliación en población, en los servicios y atención, en medicinas, sin ir de la mano con aumento de presupuesto”,  expresó.

Ante esto, el presidente López Obrador prometió que para inicios de diciembre el sistema ya estaría echado a andar. “El 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, como los servicios médicos en otros lugares del mundo, como Dinamarca, a eso aspiramos, como Canadá, como Reino Unido, es un desafío”, aseguró en su conferencia de prensa del 16 de enero.

Lo que no estaba contemplado entonces era que la pandemia forzaría al gobierno a redirigir los esfuerzos a conseguir ventiladores y otros insumos de salud, reconvertir hospitales y contratar personal.

Para este último rubro, el titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Alejandro Svarch, dijo el 5 de noviembre que el Ejecutivo haría una inversión de 2,568 millones de pesos para aumentar el número de médicos especialistas.

 

Pero aunque se habla de ampliar la cobertura y proporcionar servicios de calidad, expertos alertan sobre que esto no va a acompañado del presupuesto suficiente. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México destina a salud 5.5% del PIB, mientras que Dinamarca aporta 10.5%.

“Realmente ese es el problema: se hacen discursos, por ejemplo, en la salud, ‘todo mundo’ tiene ahora cobertura y acceso a servicios médicos y medicamentos gratuitos, pero con el mismo dinero que teníamos. Entonces, ¿cómo?, en un país donde la población paga de su bolsillo casi la mitad de todo el gasto en salud y que a quienes más le pesa es a los más pobres”, mencionó Rogelio Gómez Hermosillo, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El reto no solo es la atención general

Si bien el gasto per cápita en atención general es ya un reto, la atención a padecimientos que requieren especialización es un desafío aún mayor. Antes se usaba el Fondo de Gastos Catastróficos para estas enfermedades y la cobertura se fue ampliando hasta alcanzar 66 padecimientos, entre ellos, VIH/SIDA y varios tipos de cáncer.

Pero con el nacimiento del Insabi se modificó también ese fondo, ahora llamado Fondo de Salud para el Bienestar, el cual no especifica qué padecimientos y cobertura tiene y al que le han recortado alrededor de 73,000 millones de pesos en lo que va del año.

Al principio de 2020 se le redujeron 40,000 millones que serían destinados al Insabi. Luego, bajo el argumento de la necesidad de adquirir las vacunas contra el COVID-19, se le quitaron otros 33,000 millones.

No obstante, dice Méndez Méndez, el problema es que esos son recursos que se van a dar por única ocasión, y después no hay un plan de financiamiento para que el fondo crezca.

Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, cuestiona que se haya desmantelado ese sistema de salud que, aunque no era perfecto, sí había hecho un cambio respecto de la inversión que ha hecho el gobierno en las personas que no tienen seguridad social.

“Ahora tenemos un nuevo sistema que deja en vulnerabilidad (a muchas personas) porque no tiene diseño, no cuenta con cuadro específico, dicen que va a cubrir la salud universal, pero están afectando a personas con cáncer, están afectando a mujeres en atención de embarazo y parto, y se está perjudicando más a los que menos tienen”, dice.

“El Insabi se hizo meses antes que se desatara COVID; la gente que antes la cubría el Seguro Popular, ¿qué está pasando con ellos?, ¿tienen o no atención?

El CIEP advierte que la reciente creación del Insabi y su correspondiente Fondo de Salud para el Bienestar, en el que se incluiría la atención de tercer nivel, carecen de una estructura de financiamiento que vaya acorde con los objetivos del instituto.

De acuerdo con el estudio Fondo de Salud para el Bienestar: cobertura y costos, las intervenciones de tercer nivel a las que tiene acceso la población sin afiliación a instituciones de seguridad social pasaron de 49 en 2010 a 66 en 2018, mientras que el monto ejercido en atención de estas enfermedades aumentó 54.39%, al pasar de 4,997 millones en 2010 a 7,715 millones en 2018.

Si bien estas cifras muestran un aumento en el número de enfermedades cubiertas y en los recursos para este propósito, la cobertura de atención varía de 96.1% en VIH/SIDA hasta 3.7% en cáncer de próstata o 1.9% en hemofilia. Lo anterior significa que, exceptuando el tratamiento de VIH/SIDA, la cobertura de los diferentes cánceres incluidos en el estudio es menor a 50%, por lo que para cubrir la totalidad de casos, considerando el Insabi y el incremento de la población que podría requerir servicios de tercer nivel, serían necesarios 27,004.68 millones anuales, 4.67 veces más del presupuesto que se destinó en 2018.

Méndez Méndez señala que no hay ningún país que pueda garantizar “todo para todos”, y que por esa razón hay modelos de priorización explícita, en los que se tienen catálogos de tratamientos y listas positivas y negativas de los servicios que se pueden dar, no para acotar la atención, sino para asegurar la cobertura de padecimientos.

En Alemania, por ejemplo, que destinó 11.2% de su PIB a salud, alrededor de 88% de la población recibe cobertura primaria a través de fondos de enfermedad, y 11% a través de seguros privados. En 2019 hubo 109 fondos de enfermedad financiados mediante contribuciones salariales obligatorias, explica el CIEP.

FUENTE: POLÍTICO.EXPANSIÓN.COM

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