Entre 2020 y 2022, la Cuatroté envió a los estados 174 mil 638.2 millones de pesos para atender a la población sin seguridad social y de ellos casi 33 mil millones fueron retenidos para la compra consolidada de medicinas.

En 2020 fueron nueve mil 382 millones de pesos, después 12 mil 836 millones de pesos en 2021 y de ahí se redujo la retención a 10 mil 756 millones de pesos el año pasado.

El aumento de recursos para la compra consolidada de medicinas coincide con los tiempos de elecciones intermedias de 2021 y también con el segundo año de la compra consolidada que el gobierno del presidente López Obrador encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Para brindar atención a los mexicanos que no están incorporados como derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, de los servicios de las Fuerzas Armadas o particulares, es que los gobiernos estatales tienen a su cargo unidades, clínicas y hospitales en todo el país.

Es a través de la denominada Transferencia de Recurso del Programa Presupuestario U013 como la 4T estableció cómo entregar los recursos a los estados, una vez iniciada la transformación en el sistema de salud.

A pregunta expresa de El Sol de México, el Insabi dijo que la “Retención 32 por ciento” es el recurso que el Gobierno federal usó para la compra de medicamentos y otros insumos.

Uno de los indicadores de ese programa —identificado como U013— señala que el papel del Gobierno federal es “vigilar que las entidades estén destinando la proporción correcta del presupuesto asignado para la compra de los medicamentos relacionados directamente con la atención de la población sin seguridad social, el cual debe ser hasta de 32 por ciento del monto asignado” o transferido desde la Federación.

“Ese dinero que se retuvo para la compra no sólo hizo que los medicamentos llegaran tarde, sino que incluso hubo medicinas que no llegaron, lo cual impactó el desempeño de los servicios de salud y de los pacientes que no cuentan con los servicios médicos”, dijo Andrés Castañeda, de la organización Cero Desabasto.

Explicó que otra cosa que se requiere revisar es el monto de la retención y los términos de los convenios para determinar si se trató de una “retención voluntariamente a fuerzas” establecida en los convenios con el Gobierno federal.

Relató que en administraciones pasadas tampoco era opcional que los estados aportaran para la compra, incluso las entidades deberían aportar recursos estatales para ello. “Había una cuota social definida y el estado ponía 0.5 y la Federación aportaba 1.5 por ciento por cada derechohabiente”.

Con la nueva propuesta del gobierno de la Cuatroté se fijó un monto “a partir de las asignaciones históricas y a los estados se les retiene ese 32 por ciento para la compra de medicamentos a cargo de Insabi y UNOPS”.

Los registros en los estados, agregó Castañeda, indican que Jalisco y Guanajuato pudieron “sortear la situación con recursos propios, pero Chihuahua acentuó su situación”.

Las cifras de inversión que reporta Insabi revelan que tampoco hay criterios claros para el monto de retención a las entidades en esos tres años, ya que mientras en la CdMx los recursos aumentaron 85.2 por ciento, en los estados gobernados por la oposición como Tamaulipas, los recursos bajaron 29.8 por ciento, en Chihuahua se redujeron 7.6 por ciento, en Guanajuato 1.3 por ciento y en Jalisco 0.29 por ciento.