En el mismo se indica que la empresa de limpieza que sea elegida comenzará con las labores de limpieza desde el día de la adjudicación del contrato, fechado para el jueves 14 de enero a las 16:00 horas, y hasta el 31 de marzo de 2021.

 

“El contrato para el “Servicio Integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles de la Oficina de Presidencia de la República”, es presidido por Jael Hernández Hernández, director general de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficina de la Presidencia.

Con respecto al acta de apertura de proposiciones, hay seis empresas que se inscribieron en el proceso.

Se estipula que la empresa ganadora de la licitación deberá presentar a 33 trabajadores para llevar a cabo las labores de limpieza en al menos siete inmuebles de la Oficina de la Presidencia.

Del total se destinarán exclusivamente 14 empleados para la Oficina de la Presidencia en Palacio Nacional, que es la que ocupa el presidente López Obrador, 10 laborarán en la mañana, tres en la tarde y se requiere además del servicio de un pulidor.

Entre sus disposiciones, el contrato también señala que está prohibido retener los pagos y salarios o imponer condiciones que menoscaben la libertad de su personal como el pago de depósitos, la retención de documentos, la firma anticipada de su renuncia o la práctica de pruebas de embarazo, así como el despido por esta causa.

De acuerdo con un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentado el pasado mes de diciembre, el actual gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación de al menos mil 500 trabajadores de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV.

Entre 2019 y 2020, según MCCI, Decoaro había recibido 23 contratos del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de las Secretarías de Turismo, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes. Nunca antes había tenido asignaciones públicas.

En noviembre de 2020, López Obrador firmó una iniciativa de reforma contra el outsourcing o subcontratación laboral tras considerar que este esquema ha sido aprovechado por empresarios para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores.

Con dicha iniciativa, se estipuló la prohibición de la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.