Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se dijo que el nuevo virus era democrático: nadie en el planeta tenía defensas. Sin embargo, la pandemia no ha sido democrática, afectando más a quienes menos tienen.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el 66% de las personas fallecidas por coronavirus en México tenía escolaridad básica terminada o incompleta, o bien, no tenía estudios. Meseras, empacadores y restauranteros fueron algunos de los sectores más afectados, quienes han estado más expuestos y no han podido quedarse en casa.

La dificultad en la inserción laboral de los jóvenes ha sido también una problemática persistente en América Latina y el Caribe. La tasa de desempleo juvenil es tres veces la de los adultos, la tasa de informalidad es 1.5 veces más alta, y la inactividad es elevada: 21% de los jóvenes no estudian ni trabajan. Las brechas de acceso al empleo entre jóvenes y adultos son comunes incluso en el mundo desarrollado. Sin embargo, este fenómeno es particularmente pronunciado en la región y se ha visto agravado por la crisis del COVID-19. Las afectaciones a la educación, el empleo, y la salud mental derivadas de la pandemia amenazan con generar impactos profundos y de largo plazo en la trayectoria laboral de los jóvenes, por lo que desarrollar políticas focalizadas en esta población es una necesidad inminente.

De acuerdo con la CEPAL, México se encontraría ubicado como el cuarto país que vería acrecentar más el porcentaje de personas en situación de pobreza, incluso más que el promedio de la región, y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema entre los países latinoamericanos”, alerta el organismo. El Coneval explica en su informe que en 2018 se estimaba que 61 millones de mexicanos vivían con un ingreso inferior a la línea de la pobreza, por lo que bajo el escenario planteado por la crisis de la covid-19, ese número aumentaría a más de 70 millones de pobres. Este aumento en los números de pobreza es el impacto más dramático que han tenido en la economía mexicana las medidas de contingencias tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria como el cierre de comercios y el de actividades que no son consideradas esenciales. “La magnitud de los efectos negativos sobre la economía, el comercio, el empleo, y el bienestar a causa de las restricciones económicas y sociales supone un riesgo importante de retrocesos en los logros de desarrollo social de las últimas décadas, orientados a mejorar el bienestar de la población y contribuir al cumplimiento de los derechos sociales”, advierte el Coneval, que también alerta de una crisis financiera más grave que la de 2008.